35.000 alaveses viven en alguna de las 335 entidades locales o concejos del territorio. También existen en Vizcaya y Guipúzcoa pero las de aquí, además del nombre, tienen una singularidad histórica compartida con Navarra que no existe en ninguna otra provincia: rinden cuentas a la Diputación, mientras que el resto lo hace a los ayuntamientos directamente. Además, salvo el cobro de impuestos y la ordenación territorial, estos pueblos pueden crear todo tipo de servicios, desde la distribución del agua a la creación de una residencia o una guardería. Y son propietarios del 80% de los montes y de gran parte del patrimonio inmueble.

Los próximos 21 y 28 de octubre, en la casa de Juntas de Elorriaga, se van a celebrar unas jornadas en las que se debatirá sobre el futuro de la administración más pequeña ante la próxima ley municipal reguladora, «que se debería llamar de entidades locales del País Vasco».

Los alaveses van a pedir, entre otras cosas que los miembros electos de sus juntas administrativas sean reconocidos como concejales con sus mismos derechos. «Tenemos problemas con nuestras empresas a la hora de utilizar horas de trabajo en la gestión de las cosas comunes. Es hora de que se reconozca esa situación», asegura Javier Argote, presidente reelegido de la Asociación de Concejos de Álava, organismo que agrupa a 268 de estas entidades. No es la única cuenta pendiente. Los pueblos piden participar en las comisiones municipales de los Ayuntamientos a la hora de decidir todos los asuntos que les competen.

Una tercera reclamación, tan vieja como su propia existencia, es la participación en la recaudación de los impuestos, algo que está contemplado por ley pero que no se ha llegado a reglamentar. Uno de los graves problemas de todas las pequeñas administraciones es la falta de recursos. La actual situación económica hace que las juntas administrativas dependan casi exclusivamente de las subvenciones y de los fondos derivados de los impuestos forales, concretamente del reparto del Fofel.

Fiesta en Rivabellosa

La impresión de que las juntas administrativa son las grandes olvidadas de los políticos se basa principalmente en el escaso porcentaje del reparto económico. «Somos el 10% de la población, pero nos llega poco más del 3% de esos fondos forales», señala Argote. No teme que la nueva norma reguladora de los ayuntamientos cercene la existencia de los pueblos. Por el contrario, «consideramos que tenemos que beneficiarnos de las nuevas corrientes que propugnan una mayor participación de los ciudadanos en todas las decisiones políticas de los ayuntamientos, desde la configuración del presupuesto al consenso en asuntos medioambientales».

Y mientras, los concejos celebran hoy por la mañana su fiesta anual en Rivabellosa con un marcado carácter reivindicativo.

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Fuente: EL Correo

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